En su última apertura de sesiones legislativas como Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner anunció la estatización de los ferrocarriles, repasó punto a punto los avances en salud pública y llamó a los ex combatientes de Malvinas a recurrir a la Corte Interamericana de derechos Humanos ante el reciente fallo de la Corte.

Sobre esto último señaló: “La causa Malvinas es una causa que siempre he sentido profundamente. Y respeto absolutamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque corresponde hacerlo, pero me solidarizo con todos los combatientes de Malvinas que pretendían que se juzgaran los vejámenes y las torturas que habían sufrido cuando fueron a pelear por la patria y se les negó la personería, yo espero que vayan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy segura de que van a ser atendidos, porque no podemos pasar por alto la tortura y los vejámenes que sufrieron nuestros combatientes en Malvinas cuando fueron a dar la vida por la patria, por todos nosotros. No se puede olvidar eso. Tienen que ir a la Corte Interamericana a reclamar porque esos vejámenes no pueden quedar impunes.”

También fue clave en el discurso el señalamiento del estado en que se encuentra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Advirtió que la misma avanzó en su función de pluralizar la palabra a través del otorgamiento de licencias para FM, para Televisión Digital Abierta, entre otras. Pero también destacó con dureza que el objetivo que la Ley persigue en torno a desconcentrar el conglomerado de medios sigue frenado por el derecho cautelar, que impide la diversificación de los monopolios.

En cuanto al Poder Judicial afirmó que es independiente no solo del poder político sino también de la Constitución y que esto implica una enorme gravedad institucional. Al respecto hizo una síntesis de la situación geopolítica actual en torno del fallecimiento del fiscal Nisman. Explicó que además de la denuncia pública del fiscal que el juez Rafecas desestimó, se encontraron dos documentos en los que Nisman daba cuenta del trabajo efectuado por este gobierno en al marco de la causa AMIA. Luego de señalar la existencia de ambos textos contradictorios (la denuncia y los documentos el fiscal) agregó que al momento de ser escritos, Estados Unidos estaba definiendo un plan nuclear con Iran y se preguntó: “¿Con cuál Nisman me quedo? ¿Con el que nos acusa de encubrimiento o con el que se dirigía a mi reconociéndome todo lo que habíamos hecho para que me presentara antes el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Nadie une las cosas? ¿Nadie puede pensar un poquito más allá de lo que le dice Clarín o de lo que le conviene para la próxima elección? Hay que pensar un poco más en el país. No podemos seguir manoseando a 85 víctimas y a sus familiares que ya no saben a dónde ir.”

También enfatizó la necesidad de hacer justicia por los 29 muertos que resultaron del atentado a la Embajada de Israel en 1992: “Ese fue un atentado en territorio israelí, porque la embajada es territorio israelí, siempre me ha llamado poderosamente la atención, todavía no puedo entender, por qué el estado de Israel reclama por la AMIA y no reclama por la voladura de su propia embajada. Que nadie se confunda, la AMIA no fue un atentado contra los judíos, tampoco fue contra el estado de Israel, la AMIA fue un atentado contra la República Argentina y contra los argentinos.” Agregó que al ser un tema internacional solo puede ser abordado por la Corte Suprema, y exclamó en tono de denuncia: “¿Alguien le puede informar a esta Presidenta cuál es el resultado de la investigación que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el atentado de la embajada de Israel?”

Para finalizar, la Presidenta retomó una nota del diario La Prensa según la cual el país que asuma quien sea el nuevo mandatario el 10 de diciembre, no será “cómodo” para dicho dirigente, y afirmó: “Yo no dejo un país cómodo para los dirigentes, yo dejo un país cómodo para la gente. Va a ser muy incómodo. Claro que va a ser incómodo, sobre todo si piensan sacarle a la gente los derechos que ha ganado. Si por ejemplo se quiere privatizar nuevamente Aerolíneas Argentinas o YPF; si por ejemplo se le va a negar a los jubilados los dos aumentos anuales con todo lo que esto significa, siendo el último aumento del 38%. La asignación universal por hijo que aumenta todos los años, que los trabajadores puedan libremente pactar sus salarios, como lo han hecho siempre ganándole en poder adquisitivo a la inflación: por eso el turismo, por eso van afuera, por eso pueden comprar dólares… Claro que va a ser un país no cómodo para los dirigentes políticos, sobre todo para aquellos que quieren cambiar tantas cosas. Porque sería bueno que además nos explicaran qué es lo que quieren cambiar. Ahora, para la gente, el país que les dejo, es un país muy cómodo. Es un país con 6,9 % de desocupación, es un país con 6 millones de jubilados, es un país con el salario y la jubilación más altas de Latinoamérica, es un país con la mayor inclusión previsional de que se tenga memoria, es un país con mayor nivel de porcentaje industrial de su PBI, es un país con respeto por los derechos humanos, es un país donde se respeta la Constitución, donde el gobierno le ha dado más que nunca presupuesto al poder judicial. Sí, es un país difícil para los dirigentes, pero no para la gente, que ha superado, que ha progresado, que ha crecido, que ha encontrado trabajo, que hoy tiene casa, que hoy tiene auto, que hoy sus hijos van a la Universidad. Por supuesto, el país cómodo es para la gente, no para los dirigentes.”