(APU) La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió llamar al Estado argentino a una audiencia pública, el próximo 8 de abril, para pedirle explicaciones sobre los cambios que el macrismo realizó a la ley de Medios. Las modificaciones pueden afectar los derechos a la información y la libertad de expresión.

"Es inaudita, incomprensible y va en detrimento de las auténticas urgencias que la libertad de expresión vive en América latina y en la Argentina", cuestionó el diario La Nación en un editorial que publicó el sábado.

"Es inaudita porque, hasta donde se sabe, no existen antecedentes de que se llame a un gobierno a exponer sobre sus decisiones tomadas antes de que se cumplan 60 días de su asunción. En esta oportunidad, la administración de Mauricio Macri deberá defender la legalidad y pertinencia del decreto de necesidad y urgencia del año pasado que modificó las leyes de medios y de telecomunicaciones y puso en marcha un proceso de debate para fusionar esas normas en una nueva ley", aseguró el medio conservador en defensa del gobierno nacional.

"Pero la decisión de la CIDH es sobre todo incomprensible porque el planteo no tiene relación con la agenda urgente de la libertad de expresión en nuestros países. En América latina, esas urgencias pasan por la defensa de la vida de los periodistas, que son asesinados por el narcotráfico y las bandas criminales en México, Honduras y Paraguay, entre otros países", describió. La concentración mediática no es un problema para La Nación.

Acto seguido, y a diferencia de lo afirmado durante 12 años, el diario elogia que "en la Argentina, gracias a que las instituciones aunque imperfectas y condicionadas aún funcionan, la agenda de la libertad de expresión no pasa por la protección de la vida de los periodistas, sino por el desmantelamiento de las barreras que impiden un mejor ejercicio del periodismo".

El pedido ante la CIDH fue realizado por la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, pero solicitada formalmente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y el Sindicato Argentino de Televisión, entre otras organizaciones. "Todas estas entidades tienen como directivo o asesor legal a Damián Loreti, autor del texto original de lo que luego se convirtió en ley de medios audiovisuales", increpa La Nación.