Martes 22 de agosto de 2017
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EDITORIAL | 7.17.2017

Cuando la libertad de expresión se utiliza como legitimación de la represión

Represión a docentes, piqueteros, despedidos y pueblos originarios. Construcción mediática del enemigo a combatir. Si los medios masivos de comunicación actúan en tándem con el gobierno, entonces ambos son partícipes de lo sucedido.

El domingo 9 de abril docentes nucleados en Ctera y Suteba se congregaron en Plaza Congreso de la Capital Federal para levantar una “escuela itinerante” con el objetivo de visibilizar de forma pacífica el conflicto que mantenían con el gobierno de Mauricio Macri por su negativa a abrir la paritaria nacional docente.

Pasadas las 8 de la noche de ese día, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió con palos y gas pimienta a los manifestantes y detuvo a cuatro personas. Las imágenes, en su momento, se vieron sólo transmitidas por un canal de televisión. Por supuesto, al otro día se masificó el episodio y comenzaron las disputas discursivas en torno a la represión.

Los canales y radios que conforman el principal grupo mediático de la Argentina, y otros alineados al mismo discurso, se dispusieron orgánicamente a contar el “porqué de la represión”, como rezaba un zócalo de un programa televisivo posteriormente a los hechos.

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De esta forma, el debate mediático se centró en si lo que había ocurrido frente al Congreso de la Nación había sido o no represión. El diario Clarín, en una nota publicada el día 18 de abril, contaba que los gremios organizadores (de la escuela itinerante) contrataron para el armado de dicha estructura a la “empresa Show Service” que cobró “$700.000”. Además, en la nota acusó de kirchnerista al titular de la empresa y lo caracterizó como el “ideólogo de tecnópolis y de los actos del Bicentenario”.

Así, y mediante la demonización de los dirigentes sindicales, los principales medios comenzaron a diseñar una estrategia justificadora y legitimadora de la represión, fundamentalmente mediante la construcción de identificar a quienes llevaron adelante la intervención en Plaza Congreso con el “kirchnerismo” y, además, con el argumento de que la policía actuó porque los gremios no tenían el permiso de instalar la estructura itinerante.

Por esos días, la discusión de la agenda mediática se dio alrededor de dos ejes. ¿Fue represión? Y en todo caso, para quienes consideraban que sí, los programas televisivos nos explicaban por qué.

El 28 de junio de este año, un conjunto de organizaciones sociales se movilizaron hacia las adyacencias del Ministerio de Desarrollo Social para reclamar la reincorporación de 40 mil cooperativistas de la provincia de Buenos Aires que sufrieron los recortes estatales del ajuste que aplica el gobierno de Mauricio Macri. Los manifestantes cortaron la avenida 9 de Julio y fueron reprimidos por la Policía de Horacio Rodríguez Larreta.

Utilizar pañuelos en la cara no es, hasta el momento, un delito tipificado en el código penal, sin embargo así legitimaron la represión, no sólo los medios de comunicación sino también las autoridades gubernamentales de la Capital Federal. “Tenían la cara tapada” y “son resabios del pasado” manifestó en su momento el jefe de gobierno porteño. Pero los medios otra vez nos explicaron lo que no entendíamos.

El diario La Nación publicó el miércoles 28 de junio una nota titulada “Por qué la Policía avanzó sobre los manifestantes en la 9 de julio”. Hay un por qué para la decisión de reprimir a los que se tapan la cara y andan con palos. La explicación no es el delito sino la construcción de un otro. Y para que vastos sectores de la sociedad toleren la represión hay que generar en ese otro lo que el sociólogo Daniel Feierstein denomina como “rechazo-odio”. Los medios masivos de comunicación son ese lugar de disputa. Y si encima están controlados en pocas manos, tienen las de ganar.

Pasó con los trabajadores y trabajadoras despedidas de PepsiCo, quienes ocuparon la planta que la empresa había decidido cerrar, con el saldo de 600 personas que se quedaban sin trabajo. Luego de días de ocupación de la fábrica por parte de los despedidos, la Policía Bonaerense reprimió con gases lacrimógenos y palos para liberar el establecimiento.

Esta vez, la construcción del enemigo, de ese otro a odiar, fue más allá. Ya no sólo eran los “docentes kirchneristas” ni los que se “tapan la cara” sino los “activistas de izquierda”. Otra vez tanto medios de comunicación como funcionarios del gobierno actuaron en tándem y el argumento fue que “todas las empresas en donde hay grupos de izquierda terminan cerradas”. Palabras de la ministra de seguridad, Patricia Bullirch. El fantasma de la izquierda, después de cuarenta años de la última dictadura cívico-militar, volvió al país. Ese era el argumento.

En estos días, estamos en presencia de una brutal represión a la comunidad mapuche Pu Lof, luego de la que desapareció un joven de 27 años y que aún se desconoce su paradero. El domingo 6 de agosto durante uno de los programas de mayor audiencia de la televisión, su conductor calificó de “terroristas y guerrilleros” a los miembros de la comunidad que viven en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut.

En una entrevista realizada a los fiscales federales Jose Nebbia y Miguel Palazzani, en el marco de un trabajo de investigación sobre el rol del diario bahiense La Nueva Provincia en la última dictadura, sostenían que “es muy difícil trazar el límite entre la libertad de expresión y la instigación al genocidio”, en el caso del “diario del sur argentino”. Lo que no se puede negar es cómo la producción social de sentido que construyen los medios hegemónicos, y fundamentalmente si actúan en conjunto con un gobierno, legitima y genera consensos para avanzar contra la ciudadanía.

Cuando la complicidad de los grupos mediáticos termina con desapariciones, represión y castigo a los sectores mayoritarios de la población, que en buena medida apoyan las construcciones sobre ese otro al que se debe odiar, es preferible hablar, más que de complicidad, de participación activa.

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