“El 7 de agosto, el Comité contra la Desaparición Forzada concedió a pedido del CELS una acción urgente en la que le requirió al Estado argentino tomar medidas urgentes para buscar a Santiago Maldonado. También le pidió al Estado que garantizara a sus familiares una plena participación en la investigación, dándoles acceso directo a toda la información disponible” sostiene el documento del Centro de Estudios Legales y Sociales y añade que “estos requerimientos fueron incumplidos”.

El organismo presidido por el periodista Horacio Verbitsky denunció estas irregularidades al cumplirse 50 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado “mientras intentaba escapar de un operativo de la Gendarmería Nacional en el territorio de la comunidad mapuche Pu Lof Cushamen”.

Por este motivo, el CELS realizó una segunda presentación ante el Comité en el que denuncia que “a pesar de las claras indicaciones del Comité, el Estado argentino no ha orientado adecuadamente su tiempo y recursos para contribuir genuinamente” a la aparición de Santiago Maldonado. Además, señala al Poder Ejecutivo como el responsable de “negar toda participación (de Gendarmería), de instalar hipótesis falsas que desviaron la investigación, de maltratar a la familia de Santiago y estigmatizar y desacreditar a la Comunidad mapuche Pu Lof”.

El informe también acusa a la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, por instalar públicamente la idea de una supuesta falta de colaboración de la familia Maldonado en la investigación. Además, destaca “la entrega tardía de las actuaciones administrativas con datos sobre la actuación de la GNA en el operativo también constituye el incumplimiento del deber de darle a la familia, y al resto de las querellas, acceso directo a la evolución de la investigación”.

El documento elaborado por el organismo que forma parte de la querella en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado hizo fundamental hincapié en el no cumplimiento de los requerimientos del Comité de la ONU, en la instalación de pistas falsas y en la negación de los hechos por parte del gobierno nacional.

Por último, concluye con la solicitud para que el Comité contra la Desaparición Forzada “reitere al Estado argentino los términos de su Acción Urgente y en concreto, requiera la adopción inmediata de las medidas esenciales que deben tomarse ante la desaparición de una persona. En particular, cuando aquello sucede, como en este caso, en el contexto de un operativo de fuerzas de seguridad”.