Sábado 18 de noviembre de 2017
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INTERNACIONAL | 1.17.2017

Agentes estatales de Honduras planificaron el asesinato de Berta Cáceres

Así lo revela el informe de un equipo formado por cinco abogados internacionales, conocido como Grupo Asesor de Personas Expertas, que ha investigado el asesinato de la líder ambientalista hondureña, en marzo de 2016. Dijeron que fue un plan orquestado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. y agentes del Estado hondureño.

Según un informe presentado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), un equipo formado por cinco abogados internacionales, el asesinato de la activista ambiental hondureña Berta Cáceres fue organizado cuatro meses antes, presuntamente por agentes estatales y jefes de la empresa constructora Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

Aunque ocho personas fueron arrestadas y acusadas de ser autores materiales del asesinato, el 2 de marzo de 2016, en el documento se identificaron a los “posibles autores intelectuales”.

Según GAIPE, “la prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivo y empleados de DESA en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato”.

A pesar de ello, “el Ministerio Público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas. Adicionalmente, existe prueba que demuestra la comisión de otros delitos que no han sido investigados”, asegura el informe.

Sobre la investigación llevada a cabo por parte del Estado hondureño, en el informe se califica de “insuficiente e incompleta” y señalan “la falta de debida diligencia y secreto” del proceso.

El grupo GAIPE, que inició la investigación independiente a petición de la familia de Cáceres, está conformado por los estadounidenses Dan Saxon, jurista y profesor, y Roxanna Altholz, académica y abogada de derechos humanos, los colombianos Jorge Molano, abogado especializado en derechos humanos, y Liliana Uribe Tirado, doctorada en sociología, y el experto en reformas judiciales guatemalteco Miguel Ángel Urbina.

Cuando fue asesinada, la ambientalista hondureña lideraba movilizaciones contra la construcción de una represa hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, en Río Blanco. El informe de GAIPE asegura que la empresa DESA “coordinó y subordinó a las fuerzas de seguridad del Estado” para el “control, neutralización y erradicación de cualquier oposición” a la construcción de la represa.

Aunque la empresa DESA ha negado en reiteradas ocasiones su participación en el asesinato de Cáceres, el informe analiza su complicidad con las fuerzas de seguridad del Estado y sus estrategias para “controlar, neutralizar y atacar a Berta Cáceres, y la incidencia para propiciar la impunidad de personas afines” a los dueños de esa empresa.

Los investigadores aseguran que, desde el año 2012, las campañas contra las comunidades incluyeron “infiltración, seguimientos, amenazas, sicariato, sabotaje de equipo de comunicaciones, cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad, fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado para ejecutar ataques sistemáticos en contra de quienes se oponían al proyecto”.

Igualmente, la investigación se refiere a la política de explotación de recursos naturales en Honduras, “impulsada por el Gobierno en alianza con el sistema financiero y empresas nacionales e internacionales”.

El consentimiento para la explotación del Río Gualcarque, dice, “fue producto, según las palabras de los directivos de la empresa, de influencias y conexiones políticas de los directivos y accionistas de DESA”, incumpliendo un compromiso con las organizaciones en las que participaba Cáceres, firmado en 2011 por el gobierno hondureño, de "no autorizar la construcción de represas en las comunidades lencas sin la realización de las consultas libres, previas e informadas", asegura la investigación.

El asesinato de Berta Cáceres no fue un hecho aislado, pues Honduras es considerado el país más peligroso para los ambientalistas. Desde el año 2010, más de 120 activistas han sido asesinados. En muchos casos está detrás la mano de poderosos grupos que operan allende de la ley.