En su carta de renuncia, la procurado general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, había manifestado "la esperanza de que esta decisión disuada reformas que, amén del deblitamiento señalado, rompan el equilibrio que debe regir en el sitema de administración de la justicia". Sin embargo, el gobierno nacional pretende avanzar con una reforma del Ministerio Público Fiscal que se comenzará a tratar esta semana en el Senado y que propone retrocesos en diferentes cuestiones.

Con el nuevo proyecto, el nombramiento del procurador se podría concretar con mayoría absoluta del senado, es decir, con la mitad más uno de los votos y no con los dos tercios con los que hasta el momento se elegía al jefe de los fiscales. Esto evita que el oficialismo tenga que alcanzar amplios consensos ya que con sus propios senadores más los aliados de siempre conseguirían los votos necesarios. Además, el cargo, antes vitalicio, pasa a tener una duración de cinco años.

Por otra parte, hasta el momento la remoción del procurador general sólo podía lograrse a través del juicio político, para el que se necesitaban conseguir los votos de dos tercios del senado. Con el nuevo proyecto, sería suficiente que un legislador acuse de oficio al procurador y se aprobaría también con mayoría absoluta. La segunda vía para removerlo del puesto sería que el Poder Ejecutivo sea quien acuse de oficio.

El Ministerio Público Fiscal, según el artículo 120 de la Constitución Nacional, es una institución independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera. El nuevo método de selección y remoción del procurador va en contra de la independencia tan proclamada por el gobierno nacional. Alejandra Gil Carbó, que dejará su puesto el 31 de diciembre luego de dos años de asfixia mediática, política y judicial, fue nombrada por el acuerdo de más de dos tercios del senado, lo que implicó un consenso que iba más allá del kirchnerismo y que alcanzaba a distintos sectores de la oposición. ¿Cómo se puede suponer que el próximo procurador será más independiente si para elegirlo se requieren menos niveles de acuerdo y si el propio Poder Ejecutivo podría removerlo cuando se le antoje?

Ante esta pregunta, de obvia respuesta, sólo se puede pensar que el gobierno de Mauricio Macri está ante una nueva avanzada para continuar fortaleciendo un poder absoluto y con escaso control institucional. Vale recordar, los juicios políticos iniciados contra jueces incómodos para el oficialismo como Eduardo Freiler y Luis Arias o las condenas a ex funcionarios sin siquiera ser indagados.

En otros aspectos, la reforma que tiene el apoyo del sector del justicialismo encabezado por Miguel Álgen Pichetto, eliminará diferentes dependencias creadas en los últimos años como la Procuradoría de Crímenes de Lesa Humanidad, la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres, la Dirección de Políticas de Género y de lavado de activos.

El proyecto, que tiene la firma del presidente del Senado, Federico Pinedo, el radical Ángel Rozas y los peronistas Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey, comenzará a tratarse mañana en la Comisión de Justicia. El oficialismo pretende darle un tratamiento express al proyecto, antes del recambio de legisladores el 10 de diciembre y previo a nombrar al nuevo procurador dependiente que sucederá a Gils Carbó.