DENUNCIA DE TOLOSA PAZ
El avance de la Ley Bases parece haber tomado por sorpresa a numerosos sectores productivos nacionales, que aceleraron una campaña para impedir que el artículo del proyecto de Ley Bases que establece el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) tenga su aprobación en el Senado.
Se trata de una serie de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios que, aseguran, generan una competencia desleal para productores y exportadores locales, que pasarían a funcionar con márgenes de rentabilidad menores.
Algunos de los sectores a los que alcanza la incertidumbre son el aceitero, pesquero, los frigoríficos y el metalúrgico. Puntualmente, los sectores productivos santafesinos y la Unión Industrial Argentina (UIA) se han plegado al pedido de no aprobar el RIGI tal y como está plasmado en el proyecto.
Otro de los actores que alertó a las autoridades nacionales fue el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), máxima autoridad transnacional contra el lavado de activos, que observó fallas de seguridad en materia financiera en el texto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
Entre las exenciones más relevantes se encuentra una reducción en el impuesto a las ganancias de un 35% al 25%, la suspensión del impuesto a los dividendos distribuidos, la cancelación del IVA con certificados de crédito fiscal, o el descuento de bienes personales a cuenta de ganancias.
También se incluye la exención de cualquier impuesto provincial o municipal, la quita de aranceles para importaciones, la quita de retenciones desde el tercer año, así como libre disponibilidad de divisas y estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años.
Se trata de beneficios establecidos para nuevas inversiones que superen los 200 millones de dólares y se extiendan hasta 900 millones, aunque sin discriminar por sectores ni por origen de los capitales.
Técnicamente puede impulsar tanto inversiones locales como extranjeras, aunque amenaza especialmente las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que hacia agosto de 2023 aportaban un 50% del empleo registrado en nuestro país y no operan ese volumen de capitales.
La advertencia de Ramiro Gutiérrez sobre el RIGI. “Capitales de más de 200 millones de dólares van a poder ingresar a la Argentina sin ningún tipo de trazabilidad del origen lícito de los fondos. Es una invitación a los cárteles del narcotráfico”. pic.twitter.com/pdUS3JYVHF
— Gabriela Pepe ⭐️⭐️⭐️ (@gabyspepe) April 29, 2024
En este marco, el viento a favor que sentía el Gobierno tras lograr el apoyo en Diputados parece haber amainado y la situación parece más espesa y obturada. La voluntad de los sectores productivos nacionales tiene influencia en los muchos rincones de la política, y por ahora los únicos complejos que observan el RIGI con entusiasmo son la minería y los hidrocarburos: extractivismo primario, puro y duro.
Tras numerosas alertas de economistas y especialistas, el régimen comenzó a sonar alarmante entre el complejo agroexportador, el industrial y diferentes rubros empresarios. Afirman que las reglas del juego que establece fundirían a una gran cantidad de empresas nacionales, beneficiando el ingreso de capitales extranjeros a un sistema que -además- le deja muy poco en concepto tributario a las arca nacionales.
“Votemos a mano alzada para que se sepa que se votan este tipo de inversiones. Están entregando el nuevo saqueo a la Nación”, manifestó recientemente la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que días atrás -tras la votación en diputados- anunciara la ruptura de su partido con el interbloque Hacemos Coalición Federal (HCF).
Carrió manifestó que “esta matriz de saqueo va a terminar en corrupción, va a haber una agencia donde se va a cobrar esto”, y sostuvo que el régimen apunta a la explotación indiscriminada del litio, el cobre y el oro.
En tanto, otra de las advertencias de la GAFI le hizo saber a la administración de Javier Milei que, de aprobarse el texto de la ley tal como fue presentada, Argentina pasaría a integrar la lista de países considerados guaridas fiscales.
Se debe entre otras cuestiones al Régimen de Regularización de Activos que prevé la Ley Bases. El eufemismo escogido por el Gobierno para impulsar el blanqueo de capitales, ya sea en moneda nacional, extranjera, critodivisas o inmuebles; cuyo origen no será investigado al ser declarado.
De esta manera, se podría utilizar dinero proveniente de cualquier circuito -legal o ilegal- para y luego gozar del favorable régimen de beneficios fiscales y aduaneros.
El empresariado cuestiona que la movida dejaría fuera del juego con una “competencia desleal” a quienes operan desde hace años pagando sus impuestos y sorteando dificultades como la volatilidad cambiaria y el acceso a divisas. Y promete hacer ruido en la cámara alta.
